El Ministerio de Justicia avanzó con determinación hacia la modernización de la
justicia argentina. Es un desafío que resultaba inevitable. El proceso ya está en
marcha y no hay forma de volver atrás. El plan Justicia 2020 trabaja, entre otras
cosas, en el uso del expediente digital, la despapelización, el mejor acceso a la
información y prácticas de mayor transparencia.
La tecnología avanza a su propio ritmo modificando la vida de las personas, la lógica
de las empresas y las organizaciones y, por supuesto, el funcionamiento de las
áreas del Estado.
Hoy más que nunca la velocidad de los cambios tecnológicos generan un nuevo
desafío para el mundo del Derecho y la Justicia. Cambiar y adaptarse al mundo
digital, es un proceso inevitable y más que necesario.
En los últimos años la demanda al sistema de justicia creció de manera progresiva
en todo el país, pero las estructuras del Poder Judicial no fueron modificadas para
dar respuesta a esta realidad.
De acuerdo a un diagnóstico realizado por el Programa de Justicia del CIPPEC
(Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento),
"en la Argentina, la justicia formal tiene altas barreras de acceso, baja calidad en la
prestación de servicios y problemas relacionados con la falta de transparencia e
independencia. Hay tribunales sobrecargados y sin procesos de gestión de calidad,
que deben atender una gran cantidad de causas con pocos recursos. Esto genera
un incremento en el nivel de ineficiencia de la justicia, que demora sus
pronunciamientos y afecta directamente el acceso a justica de las personas".
En este escenario, resulta crítico pensar un nuevo modelo organizacional que
acompañe este cambio y pueda dar respuestas en los tiempos y las formas
necesarios hoy en día.
Los primeros pasos hacia la modernización se dieron un tiempo atrás, con la
implementación progresiva de distintas iniciativas orientadas a incorporar nuevas
herramientas tecnológicas en los procesos judiciales. Por ejemplo, en el 2011 se
sancionó la Ley 26.685 que autoriza "la utilización de expedientes, documentos,
firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los
procesos judiciales y administrativos que se tramitan antes del Poder Judicial de la
Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes
convencionales".
Otro progreso se dio cuando la Corte dictó la Acordada 31/2011 en la que avanzó de
manera más profunda hacia la digitalización, anunciando la instalación de un
Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE).
La realización de notificaciones electrónicas y presentaciones electrónicas forman
parte de la primera fase del proceso de la modernización de la gestión judicial. El
verdadero reto para completar la tarea es la generalización del expediente digital en
los sistemas judiciales.
Sin embargo, existe un programa ambicioso impulsado por el Ministerio de Justica
para construir las bases de una justicia más cercana a la gente, moderna,
independiente y transparente.
Justicia 2020, es una herramienta de cumplimiento de las metas institucionales
incluidas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo
principal la incorporación de nuevas tecnologías para modernizar los procesos
antiguos y satisfacer las necesidades de la población en forma ágil y eficiente.
El programa Justicia 2020 centra sus esfuerzos en la promoción del uso del legajo
digital y su gestión electrónica a nivel nacional, lo que colaborará con las existentes
iniciativas de "despapelizar" la administración pública, agilizará los trámites y
facilitará el acceso a la información. Al mismo tiempo, todas estas acciones
ayudarán a transparentar y consolidar estadísticas e indicadores de los sistemas
judiciales.
La Justicia empezó el inevitable y necesario camino hacia su transformación, y ya no
podrá volver atrás. Con aciertos y algunas reformulaciones, el proceso hacia la
modernización de la Justica ya está en marcha. Todos los protagonistas del mundo
del Derecho deberán más temprano que tarde sumarse a esta nueva revolución.